¡CIUDADES EN PELIGRO!

¿Realmente nuestras ciudades están en peligro? ¿qué riesgos traería la Ley Nº29090?
Dicha ley pretende simplificar y aligerar los trámites para la aprobación de los proyectos de futuras construcciones y obras que se presentan a las municipalidades. Sin embargo, esta preocupación que es válida, no puede esgrimir como argumento mayor fluidez, para eliminar los controles, evaluaciones, fiscalizaciones que tienen por prerrogativa la misma ley de creación que los colegios profesionales, que les otorga, la evaluación previa de los proyectos a construirse. La Ley Nº29090 categoriza los proyectos en 4 niveles: A de cero a 120 m2, B de 120 a 3,000 m2, C de 3,000 a 30,000 m2 y D de 30,000 m2 a más.

El gran problema radicaría en que casi el 90% los actuales, tienen que como máximo 3,000 m2 y 5 pisos de altura no necesitarían una licencia municipal previa de construcción.
Ese es el gran problema. La suma de los proyectos de cero a 3,000 m2, efectivamente corresponden al 87% de las construcciones que se hacen en la Lima formal pasaría sin revisión técnica.

Antes el vecino presentaba su expediente a la municipalidad respectiva, para que para construir por ejemplo, un edifico de 5 pisos y la Comisión Municipal Revisora, lo evaluaba y aprobaba las instalaciones eléctricas, sanitarias, arquitectónicas, ¿es decir que con la aplicación de la Ley Nº29090 no será indispensable?
Efectivamente, antes un vecino contrataba un arquitecto, desarrollaba un anteproyecto, iba al municipio lo presentaba, esto era evaluado por las comisiones que acredita el Colegio de Arquitectos. Luego el expediente pasaba a presentarse como proyecto a fin de ser evaluado por los ingenieros sanitarios, eléctricos, estructurales y allí se le otorgaba la licencia. En este caso, se lleva el anteproyecto, se hace los pagos correspondientes y así le otorgan la licencia respectiva. El tema parece simple, pero porque a quienes dicen que de todas maneras habrá una evaluación pero posterior. Pero es posible que se haga cuando ya tenga el vecino ejecutado su proyecto de 4 pisos y en el peor de los casos, hayan muerto 8 obreros o se haya cometido una violación a las normas, al espacio público, en ese momento recién se hará la evaluación. En el supuesto que el municipio encontrara una falla, pasaría a la demolición de estas edificaciones.

Las municipalidades han que no poseen la cantidad de supervisores para realizar la fiscalización de las obras.
Es cierto, porque dicho personal tiene que calificarse, no es un personal espontáneo, no se trata simplemente de tener un título de ingeniero o arquitecto y aparecerse como una persona que evaluará una obra. Indudablemente estos profesionales deben ser capacitados y calificados. Y no podemos acreditar a 3,000 arquitectos para este tipo de funciones. Existe un problema numérico, en Lima somos aproximadamente 5,000 arquitectos, de los cuales hay hábiles 3,500 entre los más antiguos y los más jóvenes, de aquellos que están dedicados a la actividad proyectual, a la construcción, a la docencia, la investigación, por eso no podemos meter a los 3,500 a cumplir otras funciones como la evaluación de proyectos y posiblemente ni siquiera les interese a muchos de los arquitectos.

Este 90% de obras que no necesitarían licencia municipal, porque la obtendrían automáticamente, se sumaría a miles de construcciones informales que se está dando en nuestra ciudad.
La sumatoria de todo ellos es alucinante, volvemos a manejar el 90% de edificaciones en Lima Metropolitana. Pero el problema no sólo se centra en la edificación, sino en la suma de los objetos arquitectónicos que estos proyectos, determinan los segmentos y configuran finalmente nuestra ciudad. Estamos destruyendo la ciudad, haciéndola invivible, tugurizada, sin espacios públicos, sin parques e infestadas de vehículos, contaminación ambiental, diversos impactos que alteran el medio ambiente y que afectan a posteriori la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Esta preocupación que usted, tiene como decano del Consejo Regional Lima, es compartida con las autoridades gremiales del Colegio de Ingenieros del Perú.
En este momento estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros del Perú, con su departamental Lima, en una coordinación sumamente estrecha, en trabajos continuos y en sesiones permanentes su local institucional. Esta iniciativa ha sido planteada por el ingeniero Juan Muñoz Rodriguez, decano de los ingenieros de la departamental Lima, quien ha hecho posible la reunión de todos estos actores que construyen la ciudad. Tenemos representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), y del decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.

¿Cómo observa usted la actitud del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio?
En el caso particular referido a la Ley Nº29090, hemos suscrito un comunicado conjunto, elaborado en el Colegio de Ingenieros, que lo suscribe el alcalde provincial, en una postura contestataria y en contra de la Ley Nº29090. Más comentarios no puedo decir, porque no puedo asumir el activo y el pasivo de nadie. Pero en general, la postura contra esta ley, el control, el cumplimiento de las normas, de los parámetros y la seguridad misma de las edificaciones, creo que las instancias que hemos suscrito estamos en contra de la implementación de esta ley.

Muchos dicen que esta ley es fruto de la censurable actitud de algunos arquitectos e ingenieros, que por lo general rechazan proyectos y demoran la construcción de edificaciones. Por ello que los responsables de las fallas de las edificaciones sean, como en otros países, sancionadas penalmente, ¿usted coincide con esta apreciación?
Considero que todos los actores que participamos de una u otra forma del diseño, evaluación y calificación de los proyectos, en cuanto a sus aspectos administrativos y municipales, debemos hacernos una autocrítica. No podemos negar que hubo excesos en las comisiones municipales revisoras de proyectos, en lo referente a la evaluación y calificación de los proyectos. Hay reflexiones probas, y hay gente que con el mejor afán, cae en situaciones de poca trascendencia. Yo no puedo rechazar un proyecto porque faltaron 2 cm2 en las dimensiones de un ducto de ventilación.

Pero muchos de estos casos se han dado. Incluso, se han cometido y denunciado actos de corrupción para que se aprueben los proyectos.
Indudablemente han ocurrido ese tipo de situaciones, ¿dónde y cómo se denunciaban? No lo sé. Pero los responsables son los hombres de prensa quienes deben denunciar estos casos, los colegios profesionales que deben evaluar permanentemente el actuar de sus agremiados, las municipalidades tratando de simplificar los trámites administrativos. La responsabilidad de la calificación de los proyectos tiene que compartirse al 50% con las municipalidades, porque son ellas las que reciben, ubican e incluso fondean o entrampan, la velocidad en el trámite los proyectos. Por otro lado, están las comisiones de ingenieros y arquitectos, que revisan una o dos veces el proyecto y que simplemente lo rechazan. Esto obviamente enloquece al vecino, al inversionista y al interesado. Pero esto no puede llevarnos al extremo de obviar las normas y las calificaciones, creo que de lo que se trata es de investigar las cosas, aplicar los correctivos e instituir trámites mucho más concretos, normas más puntuales y por último, sancionar a aquellos profesionales que pudiesen entrampar estos procesos.

Si un médico para realizar una cirugía no necesita supervisión ni permiso de nadie o si un abogado para defender a un procesado no requiere de un permiso, ¿por qué un arquitecto necesita de permiso y calificación previa, hecha por incluso de arquitectos más jóvenes y con menos experiencia que él?
No solamente sucede en el Perú, esto ocurre en todo el mundo, sino que en diferentes modalidades. De repente mucho más fluido y pragmático, pero sí hay evaluación de proyectos. No es que no existan, lo que pasa es que este quehacer en el Perú está algo contaminado, por una suerte de inercia, actitud puntillosa para evaluar los proyectos, pero indudablemente, tienen que evaluarse previamente todos los proyectos.

¿No podría asumir el ingeniero o arquitecto la responsabilidad total de la edificación de una obra, sin tener que compartirla con la municipalidad?
Esto nos plantearía un problema más global. Es un tema sistémico, en el que tendría que involucrarse al Poder Judicial, que tendría que normar, enjuiciar y encarcelar a arquitectos o ingenieros que infringen la ley. Estamos en un tipo de sistema y debemos adecuarnos a éste.

¿Usted considera que son necesarias las evaluaciones previas de los proyectos de parte de nuestras municipalidades?
Son necesarias. Lima es una ciudad neurálgica como los son las ciudades Chile, vivimos en un área sísmica, por ello es indispensable que exista las normas puntuales y específicas que posibiliten y le den un mínimo grado de seguridad a aquellos que van a habitar estos edificios. Y la única forma que esto se dé, es a través de un control permanente en la evaluación, en el cálculo, en el proceso constructivo de los proyectos, porque las fallas pueden darse en uno de esos momentos. Esto va más allá de si el que me califica es más o menos que yo.

Pese a las revisiones de proyectos siguen presentándose derrumbes y fallas en las edificaciones. En este año han sucedido en Lima Metropolitana cerca de 20 accidente durante el proceso de construcción y más de 18 personas han fallecido.
Imagínese cuál sería el número de fallas y de accidentes, sino existiera la obligatoriedad de las revisiones y calificaciones previas de los proyectos a construirse.

Sin embargo, las municipalidades se siguen ‘lavando’ las manos.
Todos debemos ser autocríticos, los funcionarios de las municipalidades, los miembros de las comisiones técnicas, revisoras de proyectos los colegios profesionales, el periodismo, todos debemos abocarnos al cumplimiento de las nomas, a que se ejecuten con la puntualidad y exigencias de las especificaciones técnicas, en la los niveles de seguridad, en los impactos que pueden generar estas edificaciones en el medio ambiente. El problema de las edificaciones es un tema integral que afecta a la ciudad, al espacio, al aire, al agua y la calidad de vida.

¿Cómo ha observado la actitud de los congresistas con respecto a la Ley Nº29090?
El Colegio de Arquitectos tiene varios frentes. Hace algunos meses las autoridades anteriores, presentaron un expediente al Tribunal Constitucional pidiendo la anticonstitucionalidad de la ley. Este expediente ha sido admitido, estamos esperando que se cumplan los plazos internos, para saber los caminos que debemos seguir, en función a lo que este Tribunal establezca. Por otro lado, tenemos el frente del Congreso de la República, nosotros fuimos invitados al Congreso por la Comisión de Vivienda, el arquitecto Sota a escala nacional, yo en la escale regional, los representantes del Colegio de Ingenieros y los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima también participaron. Indudablemente en este tipo de reuniones, hay informes que son genéricos, puntualizaciones por parte de los invitados, lo que hemos podido percibir es que hay 2 ó 3 congresistas que han asumido, con una postura muy reflexiva, la revisión de ésta ley.

¿Qué porcentaje de congresistas está de acuerdo y en desacuerdo con la revisión de esta ley?
Yo no diría en contra ni a favor, ellos tienen entre manos dicha ley. Además, tienen dos proyectos de modificaciones a la ley. Uno de ellos presentado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, que es un documento originalmente manejado por la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Sobre esto los congresistas están haciendo pre dictámenes a fin de ponerlos a consideración del Parlamento.

Al parecer existen muchos intereses económicos de empresas constructoras a favor de esta ley, ¿usted considera que existen empresarios cuya única prioridad sea ganar vorazmente más terrenos y más dinero?
La voracidad sí existe, porque se han dado múltiples cambios de uso de suelo, se ha alterado y modificado, sin cumplir parámetros urbanísticos de nuestros distritos. Existen una serie de denuncias de tipo vecinal que ya han sido publicados en diferentes medios de comunicación. Esto no se puede negar, hay un boom inmobiliario. Si nosotros criticamos esta ley, no estamos criticando que se construyan edificios, estamos a favor de que se construyan edificios, pero se debe hacer en el marco de la ley, respetando los espacios públicos, las zonificaciones, los monumentos históricos, los impactos ambientales, considerando a los sectores poblacionales en esta denominada calidad de vida que se debe brindar a la ciudad. Es bueno que haya inversión, construcción en el marco de la ley, con participación de todos los actores y con evaluación de los proyectos.

¿Ustedes les alcanzarán a los congresistas un proyecto diferente a la Ley Nº29090?
Sí, es un proyecto alternativo. Estamos en este momento en pleno trabajo junto con el Colegio de Ingenieros, los miembros de la AMPE y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todos tenemos nuestras propias posturas, estamos tratando de socializar estas posturas a efectos de lograr un solo documento conjunto. Creo que el documento que fue publicado como un pronunciamiento, es un esfuerzo que por primera vez se ha realizado y que costó mucho concertar, deponer y ponderar intereses institucionales, para poder firmarlo conjuntamente. No sólo compromete intereses gremiales, personales o políticos. Además, es una muestra de maduración y preocupación por la ciudad, por los que habitan en ella, por la seguridad de sus edificaciones, el respeto de las prerrogativas que la ley otorga, tanto al municipio a través de la Ley Orgánica de Municipalidades y a los colegios profesionales a través de la Ley de Legislación de los Colegios. Si no se respetan las leyes, nada tendría sentido. Cuando fue creado el Colegio de Arquitectos fue justamente para que por la especialidad y conocimiento, el colegio y sus miembros puedan velar por la construcción, la formulación de los proyectos e indudablemente por su ciudad. Si se niega esto se está violando nuestra ley de creación.

Usted cree que la ciudad está realmente en peligro ya que en algunos distritos se construyen edificios multifamiliares donde sólo exigen un estacionamiento por cada 3 ó 4 departamentos, vemos en las calles mayor densificación y congestión vehicular, ¿cree que las municipalidades están haciendo un bien a la comunidad?
No podemos negar que hay esfuerzos de diversas municipalidades, de alcaldes, por velar y cuidar el ornato su la ciudad. Existe un Reglamento Nacional de Edificación, existen una serie de municipalidades que tienen por ley cierto tipo de prerrogativas y emiten ordenanzas, la sumatoria de estas podría ser 4 veces el tomo que representan el Reglamento y todas tiene peso de ley. Dichas ordenanzas que afectan y especifican aspectos del proceso constructivo lo que trasciende en los ciudadanos.

En este proceso de densificación sin control, el ciudadano de la noche a la mañana, toma conocimiento que su área que era unifamiliar es ahora multifamiliar.
El drama es que somos una sola ciudad, pero a la vez somos cerca de 50 ciudades a la vez, porque cada municipalidad tiene sus propias prerrogativas. El tema pasa por unificar ideas y tener un plan de desarrollo metropolitano que sea ley. No digo que no existan planes de desarrollo, hablo de leyes iguales para todos. Entre la realidad que es la ciudad un organismo vivo, que crece, donde se ejecutan obras, la ley que otorga prerrogativas, las normas que ya existen, sino logramos una suerte de punto de equilibrio vamos a seguir asistiendo a este caos en la administración de la ciudad. Aparentemente el tema de la ley es algo puntual, el tema de las comisiones, de la fluidez, sin embargo detrás de ello está el tema de la ciudad, del plan de desarrollo.

Pero, ¿quién debería asumir esta responsabilidad? Más aún si tenemos 43 municipalidades en Lima Metropolitana y 6 más en el Callao. Estamos hablando de 49 alcaldes y gerentes de la ciudad. Podría ser una solución integrar por ejemplo, la municipalidad de Magdalena del Mar, San Miguel, Lince, Jesús María.
Esto nos lleva a enfrentar el tema del futuro de las ciudades desde una perspectiva diferente, porque si vamos a seguir manteniendo lo que existe, seguiremos debatiendo, viviendo en el caos, en esta suma de contradicciones. Considero que esto es un desafío para todos los actores, para el Estado, las municipalidades, la ciudadanía en pleno, los colegios profesionales. Todos debemos buscar y lograr una ley orgánica que nos permita administrar la ciudad en términos globales, sistémicos, en una opción de desarrollo sostenible, que es el fundamento que se maneja en todas las ciudades del mundo y nosotros también debemos tocar el tema de la sostenibilidad. No podemos seguir administrando nuestra ciudad como si ésta fueran compartimientos estancos. Debemos de tender a la integralidad, al manejo sistémico de todas las relaciones que pudieran darse en una ciudad.

El gobierno difícilmente va a derogar esta ley, algunos hablan sólo de modificaciones, ¿usted cree que en los próximos días se revierta está situación? Debemos poner atención porque por ejemplo la Municipalidad de Santiago de Surco, un aviso que les costó cerca de 30 mil dólares, tácitamente culpando a los colegios profesionales.
El Colegio de Arquitectos ha respondido con una madurez que debo resaltar. Nosotros enviamos cartas a todos los alcaldes distritales de Lima Metropolitanos, de los cuales tan sólo respondieron 7. En dicha carta les solicitamos que acrediten a un representante para tener un diálogo con los representantes del Colegio de Arquitectos, a efectos de encontrar un punto de equilibrio que nos permita no entrar en la contradicción y la perversidad que entraña ese documento. En el marco de los 45 días que la misma ley le otorga a los municipios para poder adecuar todo sus aspectos fundamentales y administrativos para atender lo que implica dicha ley. Algunos municipios en una actitud ‘más papista que el Papa’, empiezan a implementar la ley N°29090, el Colegio de Arquitectos pedía que los expediente que obraban en manos de las municipalidades sean resueltos en el marco de la anterior ley, eso es lo que han hecho muchas municipalidades incluyendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima. No había porque precipitar contradicciones, cuando la ley misma me dice que tengo 45 días útiles para poder encarar los problemas que pudiera tener más adelante, este plazo se vence recién el 28 de noviembre. Es decir, el colegio de Arquitectos y de Ingenieros del Perú verán desde el 3 de diciembre como se enfrentan a la Ley 29090. Incluso, nosotros estamos pidiendo la ampliación de los plazos, los expedientes que están en las municipalidades se podrían evaluar todavía con la ley anterior. Eso nos permitiría llegar a niveles mayores de entendimiento, un diálogo más concertado, tanto en el Congreso de la República, como en el Ejecutivo y que podamos terminar nuestro proyecto alternativo. Porque todos estamos luchando por el desarrollo de la ciudad, aquí nadie esta loco, pidiendo cosas contradictorias o que vayan a afectar al ciudadano.

Sin embargo, hay cierto afán protagónico y político de algunos alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de Santiago de Surco, Juan Manuel del Mar, una autoridad muy criticada por permitir construcciones que vienen afectando al vecino. ¿Qué está pasando en las municipalidades? ¿Cree que existe desinterés de los alcaldes por el desarrollo de su ciudad?
Yo no sé si es desinterés o si es una actitud excesivamente burocrática. Si bien la ley señala que se debe aplicar al día siguiente de haber sido publicada, también la ley es reflexiva, pues les da 45 días para que adecuen toda su documentación. Lo único que nosotros hemos pedido, es el uso de esos 45 días, luego de este plazo las estrategias serán diferentes para enfrentar la Ley N°29090.

No existió comunicación con otras municipalidades que no respondieron a su comunicado…
Tan sólo hubieron algunas reuniones con los gerentes de desarrollo urbano que asistieron a la convocatoria que hicimos.

¿Qué municipalidades se responsabilizaron del problema y respondieron?
Yo no quisiera crear ese tipo de contradicciones, pero efectivamente la Municipalidad Metropolitana de Lima siempre estuvo preocupada por el tema. Yo hago una invocación a todos los alcaldes para sensibilizarnos en relación al tema de la ciudad, de los proyectos, del respeto a las instituciones. No podemos hacer ‘tablarrasa’ de las instituciones, las municipalidades son una de las instancias que más se ve afectada como consecuencia de la implementación de la Ley N°29090, porque está ley sí vulnera algunos aspectos de la Ley Nueva Orgánica de Municipalidades, le recorta prerrogativas a las municipalidades.

Sin embargo, casi todas las municipalidades se han quedado calladas.
Así es.

Es curioso que una ley que afecta a los alcaldes, incluso en el tema de sus rentas municipales, ellos estén muy tranquilos.
Hay un tema fundamental, es en cuanto al recorte de control urbano municipal que plantea la ley.

Es posible que los malos alcaldes responsabilicen a los funcionarios de la gerencia de Desarrollo Urbano del pésimo crecimiento de sus distritos, ellos están seguros que no tienen ninguna responsabilidad, que la ‘pelota’ la tienen la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El Colegio de Arquitectos del Perú ha tenido una política de sensibilizar a todos los actores de la sociedad que son a la vez constructores de la ciudad. Por ejemplo, las universidades se sensibilizaron y las tres principales facultades de arquitectura han enviado sendos pronunciamientos tanto a la prensa como al Colegio de Arquitectos. La Universidad Nacional de Ingeniería, la Federico Villareal y la Ricardo Palma, sus tres decanos y sus tres Consejos de Facultad, han emitido un pronunciamiento, porque ellos son formadores de los futuros arquitectos. Esto tiene que ver con la formación de los arquitectos, con el tema ético en el ejercicio de la profesión. También hemos recibido cartas de diferentes organizaciones vecinales justamente del distrito de Surco y de otros que enriquecen la postura del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de la AMPE y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Invocamos a sensibilizarnos un poco más en el tema, iniciando con el Poder Ejecutivo que tiene en sus manos la ampliación de los plazos para poder concluir la documentación alternativa a este proyecto. Hago una invocación al Congreso de la República para que Dios ilumine sus mentes y puedan tocar en esa perspectiva el tema de la Ley N°29090.

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