¿Por qué existe gran diferencia entre el número de fiscalizadores con que cuenta la SUNAT, que son cerca de tres mil, en relación a los casi 400 inspectores del Ministerio de Trabajo?
Es una cuestión política. A fines de los años 80 la recaudación tributaria en el Perú era el 2% del producto bruto interno, debido a las fórmulas económicas del Fondo Monetario Internacional se decidió que la presión  y la fiscalización tributaria se incrementasen. Esto implicó que el gobierno fortalezca a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Sin embargo, el tema de los trabajadores en el Perú nunca ha sido una prioridad, a pesar que los políticos en todas las campañas electorales, esgriman la bandera de los derechos laborales.

¿Es cierto que alrededor del 85% de la población económicamente activa es informal? ¿Cree usted que las inspecciones de trabajo contribuirían a que las empresas otorguen los derechos laborales que les corresponden a los trabajadores?
Nuestro ministro de Trabajo, Mario Pasco Cosmópolis, al igual que muchos políticos, considera que la informalidad laboral se debe a un problema de sobrecostos y falta de incentivos a los empresarios, para que registren en planilla a sus trabajadores, situación que no se ajusa a la verdad. En 1993 se dictó la famosa Ley 28015 de microempresas, que establecía un 80% de beneficios a los empleadores, para que ellos registren y formalicen a sus trabajadores.

¿Esa ley se puso en práctica?
En la actualidad, de 2 millones de microempresas informales, menos de 1.6% se han acogido a esta ley de microempresas.

Algunos empleadores mencionan que otorgarles a sus trabajadores gratificaciones, vacaciones, seguridad social y otros derechos son sobrecostos, ¿considera que esta visión es correcta?
Parece que los actuales abogados de los empleadores que lo mencionan, terminan siendo totalmente marxistas. Porque la teoría clásica establece que la remuneración es el pago por tu trabajo efectivo y lo que no sea contraprestación de tu trabajo, es un sobrecosto. Eso es mentira, porque la legislación peruana señala que cuando un empresario invierte en el Perú, la remuneración está acompañada de una serie de beneficios, que legislativamente ya están incorporadas a la remuneración. En conclusión, esa teoría de los sobrecostos es una falacia y un pretexto para que los empleadores no registren en planilla a sus trabajadores.

¿Por qué el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no promueve las inspecciones laborales? ¿Hay cuestiones políticas que interfieren con este objetivo?
Esa pregunta habría que planteársela al propio ministro de Trabajo. Pero observando las cifras, el año pasado la ex ministra Susana Pinilla, anunció a la prensa que el Ministerio de Trabajo, entre agosto de 2006 a julio de 2007, había efectuado cerca de 94, 000 inspecciones, a diferencia de la Sunat que sólo efectuó  14,000 fiscalizaciones. Le preguntamos a la ministra: ¿A cuántos trabajadores de esas 94,000 inspecciones se registró en planilla por no estar en ella? ¿A cuántos empresarios se les aplicó el Decreto Legislativo 813 la ley penal tributaria? Los derechos laborales tienen un componente tributario que es el pago del 9% de Essalud por parte del empleador. Por ello, el decreto legislativo 813 establece en su artículo primero, que aquel obligado tributario que no paga sus tributos tiene una pena de cárcel de 5 a 8 años. Es más en el artículo cuatro, se menciona aquel, simulando algunos actos jurídicos para lograr créditos fiscales y mayores  gastos para reducir la tributación, tiene una pena de 8 a 12  años de cárcel.

¿Existe algún empresario que está en la cárcel por violar derechos laborales?
Ninguno. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si el gobierno aplica el Decreto Legislativo 813? Tendríamos a muchos empresarios inmersos en procesos penales, por defraudación tributaria.  Pareciera que al gobierno no le interesa el tema de los trabajadores, ni hay la voluntad política de aplicar la ley.

Algunos inspectores del Ministerio de Trabajo nos han comentado que no tienen la logística para cumplir su labor. Por ejemplo, carecen de movilidad, papel o una ubicación específica para realizar sus informes ¿esto es cierto?
Lamentablemente, lo que usted ha descrito es la realidad. Cuando el presidente Alan García Pérez nos invitó a Palacio de Gobierno, nos ofreció en donación, vehículos. Luego nos los dieron, pero no funcionaban. Creo que nos regalaron los vehículos que usaba el ex presidente Alejandro Toledo para transportar a sus animales. Así nos valora el gobierno.

Ustedes utilizan su propia movilidad…
El Ministerio de Trabajo tiene seis vehículos que se emplean para las inspecciones de trabajo y de acuerdo al Convenio 89 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), supuestamente seria el Estado, el que se encargue de la dotación de los gastos por movilidad. Actualmente hay un pago atrasado del mismo y no cubre lo que realmente gastamos. El Ministerio de Trabajo tiene que pagar a los inspectores la movilidad de 4 inspecciones diarias. Si no tuviéramos ese tope, los inspectores podríamos realizar muchas más. Nosotros trabajamos fuera del horario de oficina, si la empresa que tenemos que inspeccionar trabaja de noche, estamos obligados a ir en ese horario.

Sabemos que ustedes han realizado este tipo de inspecciones, fuera del horario de oficina.
Así es. Hemos realizado operativos en tragamonedas, casinos, para los operativos de transporte público, tipo ‘tolerancia cero’, en centros comerciales y otros.

El Sindicato de Inspectores del Trabajo (SIT) presentó al  Congreso de la República, un proyecto de ley para crear la Superintendencia Nacional de Inspección del Trabajo (SUNIT) ¿Apuesta a que este proyecto se haga realidad?
Nosotros como abogados especializados en el tema de la inspección del trabajo, nos preocupa que la misma no tenga una cabeza técnica y política. Si observamos los operativos de tolerancia cero, lo que hacen, a juicio de los inspectores, es marketear la figura política de altos funcionarios. Por ejemplo, hace poco se frustró un operativo, porque no se logró concretar que las cámaras de un canal de televisión lo cubran en vivo y en directo, así estamos.  

Es decir, las inspecciones del trabajo las autoridades del ministerio las utilizan para hacer un show mediático.
Así es. El trabajo de inspección no responde a una planificación. Más del 90% de las inspecciones de trabajo, responden a denuncias de trabajadores anónimas por internet. Si tuviéramos un plan anual de inspecciones, probablemente sería al revés: tan sólo el 10% provendrían de las denuncias particulares y el 90% correspondería según la planificación de la inspección.  Por eso no se reduce la informalidad laboral en el Perú, si no tienes un norte, estás como el bombero apagando fuego, aquí y allá y dando espacio a que ‘figuretee’ algún político que no tuvo suerte en las elecciones.

¿Cree que el proyecto de ley de la Superintendencia Nacional de Inspección del Trabajo sea viable?
Esperamos por la gracia de Dios sea viable.

Pero por la gracia de los parlamentarios, ¿piensa que sea posible?
Este proyecto choca contra muchos intereses políticos.

¿Considera que los actuales congresistas quieran enfrentarse a los grandes empresarios que violan las leyes de sus trabajadores, pero que muchos dicen que ellos están sosteniendo este gobierno?
Creo que su hipótesis es cierta. Este proyecto de ley lo presentamos en diciembre de 2007, probablemente ya se hubiera discutido en el pleno del congreso. Además, no son los pobre los que financian las campañas políticas, sino son otros los interés tras el trono, quienes las financian. Este proyecto de convertir a un ente técnico a independiente va contra ellos, porque no les permitirá negociar bajo la mesa.

Usted expuso ante la Comisión del Trabajo del Congreso de la República, ¿los miembros de esta comisión mostraron interés por este proyecto?
Tuvimos mucho apoyo de parte del congresista Luis Negreiros Criado. El presidente de la comisión, Fredy Serna Guzmán,  nos decepcionó, no nos prestó el apoyo esperado, más si es del Partido Nacionalista, que esgrime, se supone, la bandera de los derechos laborales.

¿No pudieron conversar con el congresista Serna Guzmán personalmente?
Sí conversé con él, como secretario general del SIT que represento, conversé con la comisión de alto nivel de la Confederación Iberoamericana de Inspectores del Trabajo, del que hoy soy también su secretario general. Serna Guzmán nos dijo que estaba de acuerdo con la idea, pero curiosamente el 5 de marzo de este año, se ordenó el archivamiento de este proyecto de ley y que gracias a Dios, no hubo quórum y no se pudo debatir. 

Pero, ¿se debatirá en algún momento?
Debe debatirse. Lo increíble es que el Ministerio de Trabajo ha opinado negativamente del proyecto. Siempre opinará así, porque si sacamos el servicio de inspección del trabajo del ministerio, éste ya no tendría razón de existir, en otras palabras, ¿para qué serviría el ministerio?

Si se crea la Superintendencia Nacional de Inspección del Trabajo, ¿cuál sería la función del Ministerio de Trabajo?
Supuestamente debería dar los grandes lineamientos sobre la política socio laboral, que la Superintendencia debería hacer respetar, pero después de eso no tendrá ninguna injerencia con los empresarios.



En comparación con nuestro hermano país del sur, Chile ¿en qué nivel vamos en el tema de inspecciones de trabajo?
En 1980 en Chile, se creó la Dirección Nacional del Trabajo, lo que equivaldría a nuestra propuesta de la Superintendencia aquí en el Perú. Tiene más de 1,800 inspectores del trabajo. Asimismo, se creó el Plan Chile que está en plena ejecución. La ventaja de los políticos chilenos, es que continúan con el mismo plan, no lo cambian con cada presidente de la República, como pasa en nuestro país.

El Ministerio de Trabajo sólo cuenta con cerca de 400 inspectores de trabajo.
Ni a 400 inspectores realmente llegamos. Actualmente, en los dos últimos concursos públicos, ingresaron 204 inspectores auxiliares.

¿Ellos qué funciones específicamente cumplen?
Son inspectores que sólo puedan hacer verificaciones socio- laborales, sobre micro y pequeñas empresas que sólo  tienen menos de 10 trabajadores. No tienen las facultades completas para efectuar una inspección integral del trabajo.

Hasta qué punto la descentralización de las inspecciones del trabajo es recomendable.
Si los políticos peruanos desean que el 85% de la informalidad se eleve al 100% hay que descentralizar las inspecciones del trabajo y lo más pronto posible. Lo que nosotros hacemos es interpretar técnicamente el Convenio 81, que habla de una autoridad central, no solamente normativa, sino que la controle y la supervise a la inspección del trabajo. Por ejemplo, en 1996 en Grecia, se trató de municipalizar la inspección de trabajo. Pero, el sindicato de trabajadores de Grecia interpuso una queja ante la OIT, por violación al Convenio 81. La OIT recomendó al gobierno de Grecia que modifique su legislación para implementar una entidad central y como ésta no tenía el dinero para hacerlo, la OIT se comprometió a buscar el financiamiento internacional.

También en México fracasó la descentralización de las inspecciones del trabajo, ¿qué sucedió?
El problema de la descentralización de la inspección del trabajo es de carácter econométrico, es decir, la remuneración de los empleados siempre  tiene un gravamen, en el caso de Perú es Essalud y en otros países son los diferentes seguros de salud. El gravamen es un tributo que lo administra el gobierno nacional, en el caso peruano. O los gobiernos federales, como sucede en México y Argentina. Si  yo como gobierno hago que los trabajadores que están en la informalidad pasen a planilla, pierdo, porque cuando los incorporo a ésta, la renta general que esa empresa iba a tributar, va a reducirse, ya que hay costos que ingresarán como tributos nacionales. De suceder esto, el gobierno perdería ingresos por concepto de impuesto a la renta. Esto es lo que pasó en México y en Argentina.

¿Esto podría ocurrir en el Perú?
Sí. Cuando se conoció la noticia de que se pensaba descentralizar la inspección del trabajo, el Gobierno Regional de Arequipa, manifestó que suspenderían por dos años las inspecciones laborales.

¿Cuáles eran sus motivos?
El Convenio 81 de la OIT establece que en aquellas situaciones en donde no hayan recursos para realizar las inspecciones, los gobiernos pueden abdicar y dejar de realizarla.

¿El Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo avala ese tipo de comportamientos?
No, el Convenio 81 trata de ponerse en los zapatos de todos los Estados miembros. Hay miembros como el Perú que son pobres. Es una escopeta de dos cañones.

¿Existen casos exitosos en América Latina?
Como secretario general de la Confederación Iberoamericana de Inspectores del Trabajo, en este primer año de gestión, haremos una evaluación de las inspecciones del trabajo en el Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿El modelo paraguayo es bueno para nosotros?
No, de ninguna manera. Con el cambio de gobierno se han suspendido durante dos meses las inspecciones de trabajo. En Paraguay tienen un presidente en ejercicio y otro electo que está en etapa de transición, como están situación es ambivalente, el Ministerio de Trabajo ha suspendido temporalmente las inspecciones.

¿Cuál es la situación de Brasil?
Brasil es el mejor ejemplo que podemos tener. Porque a los inspectores de trabajo se les ha dado un gran estatus, ellos están por encima del juez.

¿Cuál es la situación laboral de los propios inspectores del trabajo en nuestro país?
En la actualidad tenemos aproximadamente 444 inspectores, 100 de éstos no pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, es decir a la Ley 728. De esos 100 inspectores tienen  la calidad de locador de servicios. Como la inspección del trabajo tiene un carácter tripartito, es decir deben estar presentes el empleado, el empleador y el gobierno representado por los inspectores de trabajo. Muchos empresarios suponen que el gobierno no estaría representado por estos inspectores que prestan servicios no personales, por lo tanto al no tener representatividad, esas actas devienen en nulas.

Pero esta situación perjudica las inspecciones de trabajo.
Más que perjudicar a la inspección del trabajo, porque el gobierno podría aperturar nuevos expedientes con inspectores que sí están en planilla, porque los hechos que se verifican no van a cambiar. Si hoy encuentro a un trabajador fuera de planilla, mañana va otro inspector la situación de ese trabajador será la misma, no cambiará el hecho que motiva la sanción. Al que se perjudica es a los trabajadores de las empresas a quienes se está violando sus derechos. El tema de las inspecciones del trabajo debe considerarse una prioridad. Si no hay un grupo selecto de personas, que pueda realizar una inspección del trabajo eficaz y eficiente, que pueda hacer respetar los derechos laborales, los peruanos no tendrán la aspiración de que sus hijos en el futuro, puedan desarrollarse en sus respectivos trabajos.

Como secretario general del Sindicato de Inspectores del Trabajo, ¿cuál cree que sea el futuro de los inspecciones del trabajo en el Perú?
La historia nos enseña que las inspecciones del trabajo, manejadas por el gobierno, terminan siendo una arma política. Lo que el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo establece, es que necesitamos una autoridad central, libre de toda injerencia política. Los beneficiarios de este Proyecto de Ley por el que se crearía la Superintendencia Nacional de Inspecciones del Trabajo presentado ante el Congreso de la República serían los 13 millones de trabajadores que son el tejido social que fortalece al Perú. No sólo debemos velar por los intereses de los empresarios o de los políticos. En primer lugar, sólo nos debe interesar el desarrollo de nuestro país, el respeto a sus leyes y que el mercado interno, conformado por sus trabajadores, se desarrolle. Cómo pretenden lanzarnos a la piscina del mercado internacional, si el mercado interno está tremendamente descuidado.

¿Cómo será afectado nuestro mercado con los convenios internaciones ya firmados?
Se ha firmado el TLC con Estados Unidos, tenemos un convenio con Canadá que ha pedido que se respeten los derechos laborales. Hemos firmado un convenio bilateral con Brasil.  Pero los que nos preocupa, es el TLC con China, en donde el empresario textil que conforma gran parte del 85% de la  informalidad en nuestro país, va a ser arrasado. De suceder, lo único que les quedará a los empresarios peruanos, es irse a las fronteras a comprar productos del Ecuador, Bolivia o Chile que son más baratos y venderlos como productos peruanos.